El divorcio es uno de los acontecimientos vitales más estresantes en la vida de las personas,pudiendo generar secuelas de consecuencias traumáticas indelebles para todos los miembros de la unidad familiar en disolución, en especial, para los menores. Según la Asociación Americana de Psiquiatría el “divorcio de los padres representa una experiencia muy estresante para los hijos con consecuencias a corto, medio y largo plazo.

 

Aunque la Ley del Divorcio fue aprobada en España el 7 de Julio de 1981 (Ley 30/1981), no fue hasta la reforma del divorcio con la Ley 15/2005 del 8 de Julio, por la que se modificaba el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, cuando se introdujo en el ordenamiento jurídico la posibilidad de que la guarda y custodia de los hijos  fuese compartida. Ello significa que durante 24 años, en caso de separación o divorcio, el padre era automáticamente amputado de la vida de los hijos en común, sin mediar justificación ni razonamiento objetivo alguno sólo por ser hombre, violando así su derecho fundamental recogido en nuestra Constitución a no ser discriminado por cuestión de sexo. El padre quedaba relegado al derecho de un régimen de visitas, reducido con frecuencia a un sistema de cuatro días al mes repartidos en fines de semanas alternos, lo que en absoluto permitía poder ejercer de padre, ni mucho menos, permitir a la prole crecer con el amor, cuidado y protección de la figura paterna.

¿Alguien cree que se hubiese mantenido durante tanto tiempo una ley tan absolutamente injusta y sexista si no fuese por qué beneficiaba abiertamente a la madre?

Sólo a partir de la reforma de la Ley del Divorcio del 2005 la guarda y custodia compartida de los hijos en común comenzó a ser una realidad en el panorama jurídico español, representando apenas el 2% del total de regímenes, siempre y cuando hubiese acuerdo entre ambos progenitores con el informe favorable del Ministerio Fiscal, que increíblemente con frecuencia desaconsejaba la custodia compartida incluso cuando ambas partes se mostraban favorables. Si la mujer no accedía a la custodia compartida, era motivo suficiente para ser denegada en los Juzgados de Familia alegando conflictividad entre los progenitores. Es decir, se institucionalizaba así un derecho de veto de la madre a la custodia compartida, por el que sólo podían seguir siendo padres de sus hijos tras un divorcio, aquellos hombres a los que sus ex-parejas se lo permitían.

 

En la práctica judicial el régimen de custodia monoparental se viene otorgando a la madre prácticamente de manera directa, sin ningún informe ni valoración de sus aptitudes o capacidades parentales que la determinen como sobrecualificada ante el padre. A la madre, por el simple hecho de serlo, se le concede de forma automática la guarda y custodia exclusiva, y con frecuente excluyente, de los hijos en común, con atribución judicial del uso y disfrute de la vivienda familiar así como la percepción de una pensión alimenticia. La Ley perpetua así los estereotipos más sexistas de nuestra sociedad considerando que sólo la madre es capaz de proporcionar a los hijos los cuidados y la atención que necesitan, al “conocerlos desde el vientre”, desplazando al padre a la categoría de mero proveedor económico, satelizado de la vida de los hijos en común, de la que no puede participar siéndole arrebatada, brutalmente y sin contemplaciones, su paternidad.

 

El establecimiento del régimen de custodia exclusiva a favor de la madre se basa en razones de populismo civil y penal, en el mantenimiento de roles sociales anacrónicos para ambos sexos, y en la existencia de una política de discriminación ultrapositiva promovida por movimientos institucionalizados feministas totalmente desnaturalizados.

 

“Al padre se le vulneran Derechos Fundamentales como la dignidad, la igualdad, el recurso
efectivo ante los tribunales, la presunción de inocencia, la honra, la intimidad familiar, la
igualdad en caso de disolución del matrimonio, la protección de la familia, la integridad psíquica y el derecho a la asunción de obligaciones por ambos padres”, según la Magistrada N. Pérez JacintoExiste unanimidad entre los operadores jurídicos que el hombre es maltratado sistemáticamente por una Ley del Divorcio injusta. Según el Magistrado A.L. Campo en “el ámbito del Derecho de Familia ha habido siempre una discriminación en contra del hombre” o letradas como Yobana Carril: “el hombre es sistemáticamente maltratado en los procesos de divorcio por una Ley Injusta” o la abogada Rosalía Perera “La Ley del Divorcio discrimina totalmente a los hombres de una manera injustificada”.

 

 

En un trabajo publicado en el 2005 por R. Arce y F. Fariña sobre razonamientos judiciales en procesos de separación en un análisis de 1000 sentencias civiles concluyen que “si bien todas las sentencias de este estudio determinan la guarda y custodia de menores, en más de la mitad de ellas no observamos criterio alguno en el que fundamentan tal decisión”, afirmando que “la madre es la receptora de la guarda y custodia de los menores con una probabilidad que va más allá del azar, y en más de la mitad de las sentencias la decisión no se motiva en criterio alguno.”

 

El Tribunal Supremo con su sentencia del 29 de Abril del 2013 sentó doctrina indicando que de a acuerdo a la redacción del artículo 92 del Código Civil “no permite concluir que  la custodia compartida se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en cuanto lo sea.” 

 

Sólo a partir de entonces empezaron a concederse paulatinamente mayor proporción de custodias compartidas, incluso sin acuerdo entre las partes, “impuestas judicialmente” al resultar manifiestamente evidente que es el modelo de convivencia familiar post- matrimonial que menos distorsiona el bienestar de los hijos, respetando así el tan invocado principio del interés superior del menor, y que en absoluto se protege con la legislación actual.

 

Aun así, las Custodias Compartidas sólo representaron el año pasado en España el 28,3% del total de los divorcios con menores, y de ese porcentaje, entre el 76,6% y el 85,1% de divorcios y separaciones, respectivamente, fueron por mutuo acuerdo. Nuevamente comprobamos que la mayoría de las custodias compartidas que se conceden en los Juzgados de Familia se otorgan nuevamente porque la madre permite al padre poder seguir participando de la vida de los hijos en común. Las custodias compartidas por sentencia judicial cuando no existe acuerdo entre las partes representan un porcentaje mínimo, con gran variabilidad según la práctica judicial territorial y la legislación autonómica correspondiente.

Obtener la custodia compartida de los hijos en común en proceso de divorcio contencioso es un proceso arduo y complicado, con un desgaste emocional y económico que no todos los padres son capaces de soportar. No en vano la tasa de suicidios en hombres es 4 veces superior a la de las mujeres, siendo la principal causa de muerte no natural en nuestro país, principalmente en la franja de edad con mayor tasa de divorcios, entre los 40 y 50 años. Desde el año 2006, el Ministerio de Interior dejó de incluir en sus datos el estado civil de las víctimas de suicidio, siendo significativo que la cifra se disparara tras la aprobación de la genocida Ley Integral de Violencia de Género en el 2004, y que hasta ese año 2006, eran divorciados y separados los que representaban, con diferencia, el mayor porcentaje de suicidios. Según el Magistrado F. Serrano, “no se lleva control de ese dato, porque su conocimiento podría resultar aterrador.”

¿Qué ocurre con aquellas madres que poseen un concepto patrimonialista de sus hijos (“mis hijos son míos porque los he parido yo”) y movidas por el rencor y el egoísmo no dudan en dejar medio huérfanos a sus propios hijos? Pues que la Ley en la actualidad, sigue dotando a la madre de todos los subterfugios judiciales y artilugios legales para boicotear por completo un sistema de custodia compartida, porque la Ley premia el mal comportamiento de la progenitora, y sus deliberadas maniobras de obstrucción y alienación parental, con la custodia exclusiva de los hijos.

 

Se dan casos de madres que literalmente se adueñan de los hijos en común impidiendo todo contacto con el padre y, por extensión, con la familia paterna, simulando enfermedades en el menor para negarse a entregarlo al padre (trastorno facticio por poderes), e incluso, secuestros parentales por los que la madre traslada al menor de domicilio sin conocimiento del padre, con frecuencia a otra provincia, con absoluta impunidad legal, pues el incumplimiento del régimen de visitas, propio de las madres con regímenes de custodia exclusiva, se despenalizó, de modo que el incumplimiento reiterado y la negativa de entregar los hijos al padre, sólo queda, en el mejor de los casos en una sanción económica. En casos cada vez más frecuentes, el empleo instrumental de la genocida  Ley de Violencia de Género permite a la mujer de forma automática y con la mera interposición de una denuncia, en ausencia de pruebas y sin pesquisas policiales, la expulsión del padre del domicilio conyugal y la asignación automática de la custodia de los hijos, aún cuando el padre sea posteriormente probado inocente. Se permite así, desde el Estado y las Administraciones Públicas el maltrato sistemático hacia los hombres que quieren seguir siendo padres de sus hijos, pero sobre todo, de los hijos, a los que se les amputa uno de sus progenitores sin justificación alguna.

 

Pese a todo, el porcentaje de custodias compartidas de los hijos en común en caso de divorcio sigue aumentando, pues la evidencia científica a favor de ella es abrumadora e incuestionable. La custodia compartida ha recibido el aval de la Psicología, de la Psiquiatría y la Pediatría.
Los menores bajo régimen de custodia compartida presentan mejores índices de satisfacción, mayores índices de adaptación personal, mayor índice de integración familiar, mayor bienestar y felicidad, menores problemas de conducta y menores problemas antisociales, mayor rendimiento académico, menor riesgo de abandono de los estudios, menor riesgo de abandono del hogar, menor riesgo de consumo de sustancias tóxicas, menor riesgo de comportamientos violentos y menores trastornos físicos. En palabras de José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo, “la custodia compartida es más beneficiosa que la monoparental, en todos los niveles”. F. Fariña y D. Seijó, tras una revisión bibliográfica, aseguran que «no hay duda en afirmar que la investigación demuestra empíricamente que, tras el divorcio, lo mejor para los hijos es la custodia compartida. Además, existen también evidencias de que la custodia compartida es beneficiosa para los progenitores.” En esa línea se expresa el investigador W.N. Bender, que asegura que “la custodia compartida debe ser la opción preferida en las situaciones de alto conflicto entre los progenitores, porque permite reducir el conflicto en el tiempo”.

 

Investigadoras como María Calvo Charro han documentado como la ausencia de la figura paterna en el hogar está en la base de la mayoría de los problemas sociales de la actualidad, considerándose imprescindible para un correcto desarrollo de los hijos la relación fluida y constante tanto con su madre como con su padre, en un plano de igualdad y de co- responsabilidad parental.

 

La custodia compartida es un DERECHO del menor, y un deber de los padres. Quién lucha por la custodia exclusiva de los hijos comunes sabe que, de conseguirla, provocará desafección y distanciamiento de los hijos hacia el otro progenitor, por tanto, quien esto pretenda, no puede ser el progenitor más idóneo para proporcionarles el cariño, cuidados y educación necesarios.

La actual Ley del Divorcio maltrata al menor, al no reconocer su derecho a tener padre y madre en igualdad de condiciones; derecho recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y en la Carta de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo.
 

“Los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Todo niño tiene derecho a gozar de sus padres. El padre y la madre tienen una responsabilidad conjunta en cuanto a su desarrollo y educación. En caso de separación de hecho, separación legal, divorcio de los padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con los dos padres, ambos con las mismas obligaciones”.

 

Según especialistas en Ciencias de la Educación como Jorge Luis Ferrariquitarle a un niño un progenitor es de una violencia absoluta. Dejar a un niño sin su padre o su madre es un acto grave de maltrato infantil, porque así como el maltrato vulnera derechos fundamentales, vulnerar los derechos fundamentales es también maltrato. Dejar a un hijo sin su padre no sólo es un acto de violencia, sino que es mucho más dañino que otras acciones de las que habitualmente se tipifican como tales, porque cuando dejamos al niño medio huérfano lo colocamos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a esos otros maltratos”.

 

En la misma línea el psicólogo Nelson Zicavo afirma que “ un progenitor que unilateralmente impide el vínculo entre el niño/a y el otro padre, ejerce abuso y vulnera sus derechos”. Este autor popularizó el término padrectromia, para definido como “la extirpación de la figura paterna, la extirpación del rol, bajo la creencia social que los hijos son propiedad privada de la madre, propiedad indiscutible dada por la biología y naturalizada socialmente en el devenir histórico.” La extirpación de la figura paterna de la vida de los hijos es un hecho real cotidiano en los Juzgados de Familia, de profunda injusticia social y moral, y es tan nociva para los hijos como la privación materna.

 

Prohibir al padre por motivos que nada tienen que ver con el bienestar ni la salud de los menores es “otra forma de violencia hacia los hijos” según la psicóloga Liliana Colautti

 

Por todo ello, es preciso y urgente una Pacto de Estado por la Custodia Compartida que impida dejar a más niños huérfanos de padres vivos, que impida que los menores puedan ser herramientas de extorsión, chantaje o manipulación por parte de uno de los progenitores, pues salvo casos ciertamente excepcionales, es incuestionable que un menor se va a desarrollar mejor con un padre y con una madre, que con sólo con uno de sus progenitores enfrentado al otro.

 

La custodia monoparental es una fuente de continuos conflictos entre la pareja, de una judicialización y de un grado de conflictividad familiar extraordinarios, es un sistema que empuja a las partes a la lucha sin cuartel en perjuicio de los propios hijos, un sistema de carácter adversarial donde el consenso queda absolutamente desplazado, y el gran perjudicado es el menor.

 

La evidencia y la experiencia demuestran que «las consecuencias sobre la psique infantil de la custodia monoparental son devastadoras», según el psicólogo Julio Bronchal Cambra. Por ello, en países con mayor tradición divorcista que España, han apostado por fórmulas de co-parentalidad, que realmente beneficien al menor, porque no se puede aceptar de ninguna manera que se valore como imprescindible la implicación paterna en la crianza y educación de los hijos durante el matrimonio, para posteriormente prescindir del padre una vez acontecido el divorcio.

Según Alicia V. Rubio «las situaciones en las que el menor no puede disfrutar de un entorno paterno-materno natural adecuado por muerte o abandono de uno de los progenitores son lamentables e inevitables, pero lo irracional es crear esa carencia

Vicente Pellicer

"Soy simplemente un padre, abnegado y cariñoso, que lucha por su hijo, al que quiere y de quien pretenden separarlo dejándolo como huérfano de padre vivo."

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